¿Cómo se acredita la discapacidad para obtener ventajas fiscales?

Acreditar discapacidad

Sufrir una discapacidad tiene ciertas ventajas fiscales que pueden disfrutarse, siempre y cuando esta circunstancia se acredite adecuadamente. A efectos del IRPF, tienen la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Este grado deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano competente de las Comunidades Autónomas(CCAA).

El certificado de discapacidad acredita esta condición a quienes tienen un grado mínimo de discapacidad del 33%. Pueden solicitarlo tanto los españoles como los extranjeros que residan de manera legal en nuestro país y estén empadronadas en el municipio donde gestionan la solicitud. La normativa que lo regula es el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Para obtener el certificado, el que lo solicita debe pasar por la revisión de un equipo técnico denominado Equipo de Valoración y Orientación (EVO), que está formado, como mínimo, por un médico, un psicólogo y un trabajador social.

Este equipo emitirá una propuesta de valoración que deberá contener la siguiente información: diagnóstico, tipo y grado de discapacidad, necesidad de la ayuda de otra persona y existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos.

Si, una vez concedido el certificado, la salud se agrava, se puede solicitar una revisión, pero no antes de pasados dos años desde el reconocimiento inicial.

Se considerará acreditado un grado de discapacidad de al menos el 33% a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez. También a los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por Incapacidad Permanente. Si la incapacidad se declara por sentencia judicial, se reconocerá un grado igual o mayor del 65%, aunque en realidad no se alcance.





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