El gobierno aprueba la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial

Ley financiación empresarial

El 28 de abril entró en vigor la nueva Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Con ella, el gobierno pretende solucionar la asignatura pendiente del acceso de las pymes al crédito, algo que llevan demandando desde hace varios años. La falta de crédito hace inviables numerosos negocios, que han tenido que cerrar sus puertas al no poder seguir adelante. La flexibilización del acceso al crédito pretende hacerse a través de las entidades bancarias, pero también por otras vías.

La Ley incluye diversas medidas orientadas en este sentido, como son:

Nuevo plazo de aviso a las PYMES de la cancelación de su financiación. Las entidades de crédito tendrán que avisar con tres meses de anticipación al menos, tanto de la cancelación de su crédito como de su reducción. De este modo, las empresas podrán negociar con otras entidades o buscar otras fuentes de financiación sin verse en apuros por falta de previsión. Son muchas las empresas que necesitan anticipar tesorería para elaborar proyectos, adquirir mercancías o maquinaria y pueden verse en serias dificultades si se encuentran de pronto sin recursos.

La entidad que cancela el crédito tendrá la obligación de proporcionar a la empresa información relativa a su historial financiero: historial de pagos, extracto, o su calificación crediticia, para que ésto facilite la búsqueda de una nueva fuente de financiación o una alternativa viable.

Regulación del crowfunding. Las entidades que practican el mecenazgo, es decir, la inversión participativa en empresas para proporcionarles financiación, quedarán reguladas. Se tomarán medidas para proteger su capital y fomentar así esta herramienta de financiación directa de proyectos empresariales. Se regularán exclusivamente los proyectos de financiación participativa que busquen un rendimiento dinerario derivado de la financiación empresarial, que estarán supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por el Banco de España.

Las plataformas de “crowfunding” deberán someterse a una auditoría anual y publicar una memoria de actividades. Además, se limita a 2 millones de euros el importe que una empresa puede pedir a través de estas plataformas, distinguiéndose dos tipos de inversores (acreditados y no acreditados) y estableciéndose unos requisitos de información a quienes quieran aportar dinero.

Potenciar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Las empresas que tengan un capital superior a 500 millones de euros no podrán cotizar en el mercado alternativo, sino que tendrán que solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado. Mientras coticen en el MAB se elimina por dos años la exigencia de la declaración intermedia de gestión.

– Regulación de los stablecimientos financieros de crédito (EFC), que a partir de ahora pasarán a estar sujetos a los baremos de supervisión y solvencia aplicables a los bancos.

Por último, la norma modifica el régimen jurídico de las titulizaciones con el objetivo de simplificarlas y hacerlas más transparentes y establece un régimen sancionador específico para las infracciones administrativas en el ámbito comercial.





programa de facturacion