¿Es legal o no el periodo de prueba de 1 año del contrato de emprendedores?

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Ya comentamos que varias sentencias de los Juzgados de lo Social estaben declarando que el periodo de prueba de un año que se permite en el contrato indefinido para emprendedores no se ajustaba a la legalidad.

Tanto el Estatuto de los Trabajadores como la legislación comunitaria impiden un periodo de prueba tan prolongado, por lo que esa norma atentaría contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo ahora nos encontramos con la sorpresa de que el Tribunal Constitucional avala ese término de esta modalidad de contrato.

¿Es válido o no el periodo de prueba de un año?

La resolución del Consitucional ante un recurso contra la medida interpuesto por varias comunidades autónomas supone un problema de inseguridad jurídica. El TC indica que ese contrato, con las caracteristicas que tiene, no es anticonstuticional ¿qué implica ésto?

La situación es tal que podrían darse casos en los que los trabajadores despedidos por no superar el periodo de prueba poco antes de que se cumpla el año de ingreso en la empresa puedan reclamar a los tribunales los motivos de su despido, que no llevaría aparejado ni el plazo legal de preaviso ni la indemnización correspondiente. Llegados a la jurisdicción laboral, los Tribunales podrían seguir fallando a favor de los trabajadores y considerar el despido improcedente, con la correspondiente condena a la empresa a pagar las indemnizaciones que procedan.

A la vista del criterio del Tribunal Constitucional la empresa podría presentar los correspondientes recursos hasta llegar a esa instancia, sabiendo que al final ésta le dará la razón.

¿Cuál será el final de este embrollo? Lo más normal es que este problema tenga que ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ya se manifestó en un caso similar originado en otro país de la UE. Una vez que el TSJUE vea el tema anulará el periodo de prueba y volverá a dar la razón al trabajador.

Teniendo en cuenta que la legislación comunitaria prevalece sobre la nacional, aquellos casos en los que el último recurso haya sido favorable a la empresa podrán ser revocados. El problema está en el tiempo en que la Justicia comunitaria tarde en resolver el problema, mientras tanto se estará en una situación de inseguridad que no favorece ni a empresas ni a trabajadores.





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