Gran parte de las empresas incumplen la Ley de Protección de Datos

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Según los estudios llevados a cabo por asociaciones profesionales han revelado que el 95% de las pequeñas y medianas empresas no cumplen la Ley de Protección de Datos. Esta ley, publicada en 1999 afecta a toda empresa, bien sea un autónomo o una entidad, una asociación o cualquier agrupación que maneje datos particulares de personas físicas. La Ley establece unas obligaciones en el manejo de los datos que permitan preservar su privacidad.

A pesar de que lleva en vigor más de una década, la gran mayoría de las empresas todavía desconoce su funcionamiento. De ahí que los incumplimientos que son materia de sanción resultan numerosos. La mayor parte de las faltas observadas en los estudios pueden calificarse como graves o muy graves, con sanciones que oscilan entre los 40.001 y los 300.000 euros y los 300.001 y los 600.000 euros respectivamente. Las infracciones más comúnmente observadas son las que siguen:

* Incorrecta elaboración del Documento de Seguridad. El 97% de las empresas estudiadas no posee los contenidos básicos exigidos por el Reglamento. En su mayoría se debe a no adaptarse a las novedades legales, como la aplicación de normativas derogadas como el Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio. Esto refleja una falta de control y actualización por parte de las empresas que prestan los servicios de protección de datos.(Art. 9 de la LOPD).
* Carecer de los compromisos de confidencialidad firmados por los trabajadores. (Art. 5 de la LOPD).
* Carecer de los contratos de tratamiento de datos por cuenta de terceros (Art. 12.2 de la LOPD).
* No incluir en la Web de la empresa la información del Aviso Legal o La Política de Privacidad, o tenerla incompleta. (Art. 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico).

Hechos tales como remitir un e-mail sin autorización, no incluir los avisos legales en los formularios de recogida de datos (como la autorización para ceder los datos a terceros) u olvidarse de utilizar copia oculta en los envíos masivos de e-mails pueden ser causa de sanciones de entre 1.500 y 6.000 euros.

En parte, estos defectos se deben a que muchas entidades confían la implantación de la ley a empresas que no son especializadas, o incluso la realizan con cargo a fondos de la Fundación Tripartita para ahorrar costes. La ausencia de un seguimiento y el afán de muchos por disponer tan solo de un justificante sin preocuparse de cumplir con las exigencias de la Ley nos ha llevado a esta situación.

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