La Administración continúa incumpliendo los plazos legales de pago a proveedores

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A finales de 2014 nos sorprendía la noticia de que el gobierno pretendía poner en marcha un régimen sancionador para las grandes empresas que no respeten los plazos de pago a proveedores establecidos en la Ley. Esta medida, que no ha pasado de ser un proyecto, resulta todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que la Administración pública tampoco efectúa sus pagos dentro de los 30 días que le corresponden.

Según datos proporcionados por la propia Agencia Tributaria a finales del pasado mes de enero, las comunidades autónomas pagaron en noviembre a sus proveedores con una media de 58,15 días, 6,14 días más que en el mes anterior y casi el doble del plazo de treinta días que establece la ley, que en el caso de Aragón superó los 60 días. Parece que la Administración exige a las empresas lo que ni ella misma cumple, algo que ha causado la asfixia de numerosos autónomos y sociedades.

No obstante, el retraso en los pagos es un problema generalizado. El 42% de las empresas permite a sus clientes retrasos superiores a los 90 días antes de considerar un crédito moroso e iniciar acciones de recobro. El pago de tasas judiciales (que todavía se mantienen en el ámbito mercantil) y el no querer afrontar la incómoda tarea de la reclamación son las causas más frecuentes de este comportamiento.

Muchas empresas verían con buenos ojos el desarrollo de un reglamento que sancione el incumplimiento de los plazos de pago, aunque muy pocas hacen uso de los elementos que ya tienen a su alcance. Sobre los pagos efectuados fuera de plazo es posible aplicar intereses de demora que, en función del importe adeudado, pueden suponer una forma de compensación para el acreedor, a la vez que sirven para hacer presión y acentuar el efecto disuasorio.

Algunas empresas acuden a la contratación de seguros de riesgo de crédito o adquieren informes comerciales de sus clientes en un afán por combatir la morosidad. Gestionar el riesgo es especialmente importante cuando se realizan operaciones de volumen considerable cuyo impago reiterado puede incluso causar una quiebra.

Habrá que aguardar para saber si la administración adoptará medidas que den solución a estas situaciones y, lo que es más importante, si se las aplicará a sí misma, algo que podríamos calificar de poco probable.





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