Sentencia: el contribuyente establece los gastos deducibles

mazo juez

Cualquiera que haya tenido que enfrentarse a una inspección o revisión fiscal conoce la arbitrariedad de los criterios de Hacienda sobre los gastos deducibles. Más allá del criterio general entran en juego las interpretaciones que se hacen de la norma y que la Administración suele utilizar para perjudicar al contribuyente en aras de una mayor recaudación. Han sido ya varias las sentencias que han quitado la razón a la interpretación de Hacienda, ahora tenemos una más que indica que es el contribuyente el que establece, inicialmente, si un gasto es deducible.

Criterio particular frente a la legislación vigente

Se parte de una situación en la que la Administración establece un criterio sobre si un gasto es o no deducible. Ha de ser, posteriormente, el contribuyente el que demuestre que se cumplen las condiciones necesarias para aplicar esa deducción y en caso de duda siempre prevalece la interpretación “oficial”.

Sin embargo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña indica que este procedimiento perjudica notablemente al contribuyente. No se mete con el criterio general que establece cuando es deducible un gasto, pero si estima que es el contribuyente el que establece que el gasto es deducible y ha de ser Hacienda la que demuestre si no es así.

El fallo indica que “ha de partirse del principio que, salvo patente desproporción, no corresponde al sujeto pasivo probar la correlación de los gastos con los ingresos de la actividad más allá de lo que resulta de su declaración-liquidación y contabilización, por lo que habrá de ser la Inspección la que pruebe que, en contradicción con tal contabilidad, los gastos son ajenos a la actividad”.

Además indica que en caso de disparidad de opiniones “la incertidumbre probatoria respecto de este extremo ha de perjudicar pues a la Administración, en virtud de las normas legales sobre la carga de la prueba, que no tienen otro alcance que el de señalar las consecuencias de la falta de prueba. No obstante, cumplida por la Administración tal carga de la prueba, debe ser el interesado quien peche con la carga de desvirtuar la prueba de adverso, mediante la oportuna contraprueba o prueba de lo contrario, debiéndose añadir que en cada caso la carga de la prueba podrá ser modulada por la regla de la facilidad probatoria.”

Por tanto se estima que el criterio del contribuyente se da, de inicio, por válido. Y que “es a la Administración a la que compete averiguar la verdad material, más allá de la que presenta el contribuyente, y debiendo desplegar al efecto todos los medios a su alcance”.

Este fallo no sienta jurisprudencia, pero si da al contribuyente un argumento legal al que agarrarse para evitar que Hacienda no “abuse” de su poder.





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