Si tienes facturas sin pagar por la administración, reclama antes de acabar el año

Facturas impagadas administración

El Consejo General de Colegios de Economistas, a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-REGAF), ha publicado un serie de recomendaciones para que las empresa puedan ajustar a la baja el beneficio esperado al cierre del ejercicio. Una de ellas es la deducción como gasto de las facturas adeudadas por la administración que puedan considerarse incobrables. En el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015 se permite la deducción de créditos por deterioro siempre que se den una serie de condiciones. Vamos a explicar en qué nos afecta todo esto.

Hasta ahora, la normativa fiscal contemplaba la posibilidad de llevar a gastos las facturas pendientes de cobro si se cumple una de estas dos condiciones:
1.- Haber transcurrido un plazo de 6 meses o un año desde el vencimiento de la obligación al cierre del ejercicio.
2.- El deudor esté declarado en situación de concurso.
No obstante, había una serie de entidades a las cuales no se les podía aplicar la dotación por insolvencias: los entes públicos, las operaciones con partes vinculadas y las garantizadas mediante segura de crédito o caución.

Esto hacía imposible resarcirse de las deudas de la administración. No obstante, la reforma fiscal abrió la puerta a la inclusión de las facturas impagadas por el estado en este procedimiento. Por lo tanto, las empresas que a 31 de diciembre tengan créditos de este tipo y entiendan que no los van a cobrar, podrán deducir su importe como deterioro de créditos. Eso sí, tendrán que presentar una denuncia judicial o inicien un procedimiento arbitral antes de que acabe el año.

Si al final las facturas llegaran a cobrarse, en el momento en que esto ocurra habrá que hacer el ajuste fiscal al revés y volver a declarar como ingreso los importes que previamente nos hemos deducido. Pero, al menos, la maniobra permitirá pagar impuestos por lo que efectivamente se ha cobrado y no por unos derechos generados que no son líquidos en nuestra tesorería.

El incentivo fiscal afecta también al IVA de esos importes. El IVA de los créditos incobrables puede deducirse una vez efectuada la reclamación judicial, emitiendo una factura rectificativa sobre las cantidades adeudados. La factura debe remitirse a la Agencia Tributaria para que tenga constancia del hecho. Eso nos permitirá resarcirnos del impuesto no cobrado en el trimestre que corresponda, según la fecha de emisión de la factura.

El único problema es que el procedimiento obliga a entablar una batalla legal con la administración; algo poco deseable para cualquiera. Si ya el hecho de demandar a un cliente puede disuadirnos de utilizar este recurso, que el cliente sea el estado no supone ninguna mejora. Habrá que valorar los importes adeudados y la posibilidad real de llegar a cobrarlos antes de dar el paso.

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